Centro de camiones: Las Heras deberá informar

19 / 07 / 2016

Tendrá que detallar a la Fiscalía de Estado si hay avances en la evaluación de impacto ambiental y si los términos del contrato administrativo y de concesión con la UTE a cargo del proyecto cambiaron durante la negociación.


Centro de camiones: Las Heras deberá informar
  • Mientras discute con Dorisol, la UTE concesionaria del proyecto para construir un Centro de Servicios al Camionero en Uspallata, las condiciones del contrato, la Municipalidad de Las Heras deberá dar a conocer si la negociación generó cambios en los términos originales en que se adjudicó, además del trámite de la EIA (Evaluación de Impacto Ambiental). Así lo dice un doble emplazamiento formulado por Fiscalía de Estado, que interviene a partir de una acción de inconstitucionalidad contra el proyecto impulsado por Aprocam (Asociación de Propietarios de Camiones).

Por su parte, la dirigencia empresaria salió a pedir, a través de la UCIM (Unión Comercial e Industrial de Mendoza), que la iniciativa vuelva a fojas 0 para que se rediscuta a fondo su utilidad y características en un debate amplio al considerar que, de prosperar, acarreará más costos e inflación, además de afectar al libre tránsito  (ver). Todo hace que la iniciativa, por ahora, tenga un futuro incierto o al menos sin una línea de largada.

Paralelamente, avanza la causa iniciada por Aprocam (Asociación de Propietarios de Camiones) ante Fiscalía de Estado por la inconstitucionalidad del emprendimiento y afectación de intereses de la Provincia, toda vez que está pensado en un predio de 12 hectáreas cedido sin cargo por el ex gobernador Francisco Pérez a la comuna de Las Heras y por el municipio a la  alianza Dorisol-Mercosur Logística-EAG, del empresario mediático Alfredo Vila. Luego de haberlo hecho en diciembre y febrero, desde Fiscalía volvieron a emplazar a la comuna a informar su estado actual.

El requerimiento de información del trámite involucra un doble orden: el ambiental (con la Evaluación de Impacto exigida a una obra de magnitud), y también el administrativo (todo lo vinculado al contrato de concesión). Y en realidad, el expediente "se movió" porque el municipio respondió, aunque con cierto retraso y, de acuerdo al organismo, sin muchas precisiones. 

Cumplimiento a medias
"En lo referente al trámite ambiental, se cumplió formalmente pero la respuesta no contó con mayores precisiones respecto al inicio de obra y del procedimiento de Impacto Ambiental. Algo que se ha solicitado detallar", explicó el abogado Nicolás García Bistué, del área legal de la Fiscalía.

Quince días dispondrá Las Heras para empezar a satisfacer el pedido. Pero no es el único oficio librado con ese fin: a más tardar este mes tendrá que haber suministrado datos sobre las condiciones de la cesión del terreno, y sobre todo, términos actuales del convenio, además de si hubo avances en otros que Dorisol tenía en carpeta  (por caso, con AFIP, para radicar Aduanas en el predio).

Independientemente de los contactos entre municipio, concesionario y AFIP, según García Bistué, "se advirtió la necesidad de conocer cualquier modificación que eventualmente se produzca".

Cabe recordar que en 2014, el ex intendente Rubén Miranda había firmado un convenio por el cual la comuna percibiría un canon del 5% sobre los ingresos generados por el emprendimiento una vez en marcha. Si se tiene en cuenta que recaudaría $ 9 millones sólo con el arancelamiento del pesaje (que hoy hace Vialidad) y la desinsectación de cargas (Iscamen), equivale a $ 450 mil al mes, un número que no le cierra a la administración Orozco.

Al respecto, Los Andes intentó reiteradamente recabar la posición de Cuencas del Sur, la razón social que engloba a Dorisol pero no hubo respuestas oficiales. Como tampoco desde la comuna, pese a que el responsable de Legales, Mauro Homan, se comprometió a cumplimentar los oficios recibidos.

 

Pedido de la UCIM de volver a fojas 0

Para la UCIM, tal como fue concebido, el Centro de Servicios al Camionero “impondría nuevos costos a las empresas de transporte, impidiendo el ejercicio del derecho de libre circulación y afectaría a la población en general”. 

El canon a pagar por los transportistas en el predio (unos $ 300 entre pesaje y desinfección), “provocaría aumento de costos que sería trasladado directamente a la mercancía”. Así es que la UCIM propuso que el proyecto sea estudiado en profundidad por diversos organismos y que los involucrados opinen. “Actuamos como caja de resonancia y ámbito para rediscutirlo entre las partes interesadas, porque no ha sido consensuado convenientemente”, señaló Juan Viciana, vicepresidente de la entidad.


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