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El intendente electo de Las Heras prometió revisar la licitación de un control para camiones en Uspallata
09 / 12 / 2015
Daniel Orozco aseguró que observarán si la comuna recibirá un porcentaje de la tarifa, así como la obligatoriedad del servicio que denostan los empresarios del sector. Se suman rechazos al proyecto. os semanas del “camionazo” frente a la sede municipal, sigue el tire y afloje entre la comuna de Las Heras y la conducción de Aprocam (Asociación del Propietarios de Camiones) respecto del proyectado Centro de Integral de Servicios al Camionero en Uspallata. Así lo indicó esta semana Diario Los Andes.
La obligatoriedad de servicios como desinfección, pesada de equipos y estacionamiento a un costo promedio unitario de $ 370 es la piedra de la discordia que podría terminar en la Justicia, aunque al mismo tiempo el intendente electo, Daniel Orozco, promete revisar las condiciones de la licitación que favoreció a una UTE donde participa Alfredo Vila.
El lunes, una asamblea de Aprocam analizó los pocos avances de las últimas reuniones entre los abogados de la cámara y asesores legales de la comuna. Mientras, esperan que se concrete un encuentro con Orozco, en principio previsto para la semana próxima.
“Esta semana definiremos los pasos a seguir. Si no hay una respuesta favorable a eximir de la obligatoriedad de uso a los transportistas, ir a la Justicia es una posibilidad cierta. Por el resto de los servicios anexos, que el que quiera ocuparlos pague lo que corresponde”, afirmó el presidente de Aprocam, Guido Calzetti.
Para Calzetti, sólo se trata de “eliminar un párrafo” del convenio que vincula al concesionario del proyecto, la UTE Mercosur Logística- Dorisol- EAG, esta última del empresario Alfredo Vila, con el municipio. El resultado de la adjudicación del proyecto por el cual la alianza se compromete a invertir más de $ 23, 6 millones en 18 meses que, según los cálculos, recuperará en apenas 2 meses de operación con el cobro de tarifas.
En los días previos, otras cámaras y entidades gremiales empresarias como la UCIM (Unión Industrial y Comercial), Asinmet (metalúrgicos) y Aderpe (zona Industrial de Godoy Cruz) habían salido a pronunciarse en apoyo a la postura de Aprocam.
Ahora, se suma el intendente electo y su compromiso por revisar todo lo hecho, habida cuenta de la controversia generada. Según Orozco, aunque se haya adjudicado, “en estas condiciones la licitación está bajo la lupa”.
Los empresarios, en tanto, abren el juego y usan como argumento el impacto de un cobro compulsivo que excede al transporte de cargas, para hacerse sentir en la logística de exportación. Pero no dejan de cuestionar la exigencia a favor de un negocio.
“Costos que terminarán trasladándose al consumidor final, el exportador. Este es un negocio que no beneficia a nadie más que al concesionario, porque prevé servicios como el pesaje que le corresponde a Vialidad, y la tasa de Iscamen, de la que habíamos logrado una rebaja del 57% pero empezamos a pagar en San Juan y San Luis”, acotó Calzetti.
“Vamos a evaluar el impacto”
A la espera de encontrarse con los dirigentes del transporte entre los últimos días de agosto y los primeros de setiembre, el intendente Daniel Orozco no duda en ponerse contra el Centro si funcionará compulsivamente: “No veo bien la obligatoriedad. Es uno de los temas que vamos a revisar”.
A criterio de Orozco, la decisión a tomar no puede dejar de ponderar los eventuales beneficios para la población de Uspallata en cuanto a la generación de trabajo y el tránsito de camiones. “Pero también vamos a evaluar el impacto a 20 años de un proyecto que va a afectar a varias administraciones. Todos queremos generar recursos y trabajo para Las Heras, siempre que esté todo en regla y que las tres empresas cumplan con su parte”, dijo el médico que sustituirá a Rubén Miranda desde diciembre.
Precisamente, el día de la protesta que abroqueló a más de 50 camiones frente a la Municipalidad, Miranda, máximo blanco de las críticas empresarias, había advertido que su sucesor debía afrontar el costo legal si optaba por cuestionar el proceso de adjudicación que el impulsó.
Orozco lo admite. “Está adjudicado, es ley, pero vamos a rever los pliegos y las condiciones: si efectivamente el municipio puede hacerse del 5% de los ingresos del concesionario y ver cómo se invertirán los más de $ 23 millones. Sin embargo, más allá del tipo de servicios, no veo bien la obligatoriedad de uso”.
El lunes por la noche, en la sede de Aprocam, su directorio mantenía bajo análisis la letra chica del convenio firmado por Miranda y representantes de la UTE. Por delante les queda una reunión más con funcionarios de la comuna que deberán informar al Concejo Deliberante esta semana, a pedido del bloque de la UCR.
Así lo adelantó el jefe de Gabinete municipal, Daniel Urquiza, a cargo de la transición. Para Urquiza, “se brindará toda la información disponible como lo hicimos con Aprocam. Pero tal como en la última reunión el intendente le recordó a Orozco, será él quien tome alguna otra decisión”.
Una entidad nacional se pronunció en contra
La Federación Argentina de Entidades Empresarias de Autotransporte de Cargas (Fadeeac), a través de su secretario, Guillermo Werner, y de su presidente, Daniel Indart, hicieron llegar al intendente Rubén Miranda de Las Heras una nota en representación de las 49 cámaras de transporte de cargas de Argentina que representa.
En la misma, según un comunicado enviado ayer desde la entidad, “se le solicita a Miranda no continuar con el proyecto” del predio concesionado en Uspallata a una UTE de empresas privadas. En la nota, Fadeeac -que analizó el proyecto de concesión a través de su departamento legal- indica que “existen reparos legales que sustentan nuestra firme posición institucional, toda vez que ninguna disposición municipal o provincial pueden gravar o dificultar los servicios de transporte automotor de cargas interjurisdiccional e internacional”.
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